(Expansión) – El presupuesto de egresos federal es producto de décadas de programación financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue construyendo vehículos especializados, cuyo diseño fue producto de las muy particulares circunstancias, exigencias y requerimientos que la finalidad de cada uno de ellos impuso. El fideicomiso, desde finales del siglo XIX, permitió en nuestro país segregar, de manera especializada, recursos cuya erogación se realiza atendiendo al perfil del sector, actividad o segmento de la población beneficiada.
Así, el cortoplacismo natural de cada administración fue superado por la vocación y visión de largo plazo de los fondos federales especializados, los cuales articularon un andamiaje operado por sujetos que conocían, mejor que nadie, las necesidades, tiempos y movimientos de la actividad fomentada por cada fideicomiso público. Se constituyeron en México importantes fondos culturales y de desarrollo, ajenos a los vaivenes de la política, con el tiempo se establecieron fideicomisos cuyo horizonte superó las ambiciones partidarias y la reprobable tentación de canalizar apoyos con sesgo electoral. El banco central albergó importantes fideicomisos, públicos y privados, años después, la banca de desarrollo adoptó el modelo, creando fideicomisos cuyos comités técnicos, reglas y orientaciones miraban a las condiciones y características del objetivo buscado por el Gobierno Federal, siendo varios de ellos ejemplo de buen desempeño. Cada fondo fue tomando personalidad propia y generó instrumentos, conceptos, agentes y operaciones adecuadas al sector al que pertenecían, sin estar atados a las restricciones típicas del sector central. Hasta hace un lustro existió un robusto sector de fondos públicos ajenos a la coyuntura; a la improvisación, y hasta a los problemas que derivan de la curva de aprendizaje, propia de funcionarios que son nombrados sin contar con experiencia o el perfil adecuado. En distintos sectores del quehacer público, los fondos públicos llegaron a ser fuelles o amortiguadores de estructuras armadas con sujetos, cuya afinidad con los altos mandos, fue lo que les granjeó posiciones que debieran estar reservadas a especialistas en lo técnico o científico. Fue enorme su aportación al sector público, dado que brindaron confiabilidad a quienes esperaban ministraciones completas y oportunas, para aplicarlas en proyectos que superan o rebasan lo sexenal. El país no puede, ni debe reinventarse cada sexenio. La infraestructura; la formación de técnicos y científicos; la consolidación de instituciones, y, en general, toda actividad que supone complejos esquemas de implementación, reclaman certidumbre y compromiso de largo plazo. La existencia de fondos y fideicomisos públicos se erigió, por mucho tiempo, como garante en la ejecución de múltiples proyectos, manteniendo la suficiente, eficiente y completa erogación de partidas, lejos de las presiones, intereses y sesgos partidarios, así como de las naturales ambiciones de quienes empiezan a entender la encomienda que recibieron, cerca del fin del período para el que fueron elegidos.
La demolición del aparato que optimizó la programación financiera comienza a hacer estragos, sujetando a los sectores, otrora beneficiarios de fideicomisos públicos, a la anual incertidumbre de lo que pasará al discutirse el presupuesto. La falta de previsibilidad abate la eficiencia en el gasto, privilegiando el cortoplacismo, sí, volviendo gasto corriente, lo que antes era inversión. La súbita liberación de caudales acumulados por décadas surtió objetivos políticos que no rebasan un trienio, dejando en la más absoluta de las incertidumbres a importantes proyectos nacionales. La viabilidad actuarial y financiera de los fondos se ha cambiado por la inseguridad que ofrece una narrativa que sólo se basa en buenas intenciones, sí, esas que han empedrado nuestras crisis financieras. Es muy preocupante el desorden generalizado en el desempeño presupuestario, siendo la desprogramación de los compromisos atendidos por fondos públicos, aspecto toral en el análisis. Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
